Aplicar valor comercial de propiedades, no el catastral, en indemnizaciones por expropiación, plantea Dip. Santiago Blanco

 Francisco Rodríguez/

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Morelia, Mich.- Con la aprobación de la reforma a la Ley de Expropiación del Estado de Michoacán se establecerá de forma directa, que el valor de la propiedad afectada mediante un mandato de expropiación, tendrá como referente el comercial y no el valor catastral, como actualmente lo dispone la ley, expresó el diputado local Santiago Blanco Nateras.

 Aseguró que de esta forma, el Estado le causará el menor daño posible al expropiado, y le garantizará la conservación de su patrimonio.

 El presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias de la 72 Legislatura razonó su voto a favor del dictamen sometido a votación mediante el cual se reforma el artículo 14 de la Ley de Expropiación en el Estado.

 Lo anterior, para efectos de establecer el principio de indemnización justa por expropiación, para que se le restituya al propietario el mismo valor económico del que se le priva.

 El legislador priista consideró que de esa forma se dará certeza jurídica al ciudadano para que se garanticen los principios de equidad, de propiedad, de proporcionalidad y de equilibrio en la materia.

 Explicó que la expropiación es aquella limitación al derecho de propiedad, a través de la cual el Estado priva de un determinado bien a su titular, con fines de utilidad pública mediante una indemnización, bajo el procedimiento que establece la ley.

 Cuando el Estado hace uso del derecho de expropiación, se genera el derecho a una justa indemnización, misma que es una condición para que se le pueda privar de la propiedad al ciudadano; en este caso siempre se buscará que su patrimonio quede sin daño, porque una expropiación sin indemnización o sin justa indemnización, sería una confiscación.

 Blanco Nateras explicó que para que la indemnización sea adecuada se debe tomar como referencia el valor comercial del bien objeto de la expropiación, así el Estado le garantiza al ciudadano una restitución y un menor perjuicio a su patrimonio, estableciéndose un equilibrio entre el interés general y el particular.

 Por tanto, cuando hay daño patrimonial se le debe resarcir el pago por los daños y perjuicios causados a toda persona, en este caso el Estado está obligado a garantizar el derecho de propiedad cuando se produce la privación por causa de utilidad pública o interés social, instaurándose en todo caso un procedimiento expropiatorio, apegado a derecho como consecuencia de este, siempre mediando el pago proporcional a la afectación.

La expropiación es el máximo grado de intervención estatal en la propiedad, y por la cual se autoriza la privación forzosa del dominio, aunque ello sólo proceda cuando existan ciertas garantías de racionalidad en la actuación del Estado, las cuales impidan la arbitrariedad o la discrecionalidad de éste frente al ciudadano.

 Finalmente, el legislador anotó que la utilidad pública es la única razón que fundamenta la expropiación, tiene como fin la propiedad, se encuentra relacionada con la protección de intereses vitales, educativos, de salud, sociales, culturales, de seguridad, para mantener el orden, la paz pública, la solidaridad o la dignidad del hombre.

 La propuesta presentada por el legislador fue aprobada por el Pleno de la 72 Legislatura.