Obtiene PGJE sentencia condenatoria de más de 3 años de prisión para ocho personas relacionadas en el delito de robo calificado

>> Tres de ellos, eran elementos de la Policía Rural

Morelia, Mich., a 15 de febrero de 2016.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán obtuvo sentencia condenatoria de tres años 6 meses de prisión contra de ocho personas, tres de ellos elementos de la Policía Rural, al acreditarse su responsabilidad en el delito de robo calificado.

En audiencia pública y mediante procedimiento abreviado, el Juez de Control consideró válidos los datos de prueba aportados por la fiscalía para resolver y dictar sentencia en contra de Eduardo M., Iván M., Francisco Manuel F., Erick Eduardo P., Neftalí M., Ramón A., Victor Hugo M. y Jorge Octavio G., estos tres últimos identificados como elementos de policiales, quienes fueron detenidos en flagrancia por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con base a elementos que constan en la Carpeta de Investigación, el día 15 de mayo del 2015, los acusados ingresaron a un rancho denominado “El Crespón” ubicado en La Peñita de Acuitzio del Canje, lugar donde tras generar varios daños a los accesos sustrajeron un tractor y 44 objetos diversos, en su mayoría herramientas para labores de campo y mecánica, todo con un valor superior a los 420 mil pesos.

Una vez que mediante procedimiento abreviado la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto impacto demostró la participación de los imputados en el hecho y no habiendo oposición de éstos a la acusación, tal como lo dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control emitió el fallo fundamentado en derechos y motivado en los hechos probados, determinando una pena de tres años seis meses de prisión, el pago de una multa de 13 mil 656 pesos por cada imputado y el pago de mil 500 quinientos por concepto de reparación de reparación del daño, en virtud de que todos los objetos robados se recuperaron.

Cabe hacer mención que tres de los imputados también se encuentran a disposición de la autoridad judicial federal por su responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.