Michoacán cumplirá con mandato federal del nuevo sistema: Juan Bernardo Corona
Morelia; Michoacán, 05 de abril de 2016.-Están las
condiciones dadas para que el próximo 4 de mayo arranque el Nuevo Sistema de
Justicia Penal en las regiones de Apatzingán y Lázaro Cárdenas, con lo que
Michoacán dará pleno cumplimiento al mandato federal en la materia, afirmó el
diputado presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso Local, Juan
Bernardo Corona Martínez.
El también representante del Poder Legislativo ante el
Consejo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal, consideró que sin
contratiempos arrancará el nuevo sistema, incluso destacó que este miércoles 6
de abril, se realizará el Encuentro de los Titulares de las Instituciones
Federales, Locales y Municipales, encargados de la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a las 13:00 horas, en el Patio Central
del Congreso del Estado.
El diputado local por el distrito de Huetamo, reiteró que
la efectividad del nuevo sistema de justicia penal depende de todos,
autoridades y sociedad, ya que en la medida en que asumamos que el cambio
implica una transformación de fondo en la forma de concebir la impartición y
procuración de justicia en nuestro país, es que podremos transitar con éxito en
la encomienda.
Con el arranque del Nuevo Sistema de Justicia Penal en
Apatzingán y Lázaro Cárdenas el próximo 4 de mayo, resaltó Michoacán cumplirá
con el mandato federal y a su vez la sociedad y autoridades “tendremos una
nueva manera de asumir la justicia y la forma de relacionarnos, con un sustento
eminentemente garantista”.
Si bien la tarea ha estado del lado de la cancha de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para conformar el andamiaje
jurídico, operativo y estructural del sistema, pero toca ahora también a la
ciudadanía asumir que la responsabilidad para construir esta nueva cultura de
la legalidad es de todos.
El nuevo sistema, subrayó, permitirá que las personas
recuperen la confianza en sus instituciones de procuración e impartición de
justicia, ya que conlleva un profundo cambio cultural tanto en los operadores
como en la ciudadanía pues implica una reforma estructural con un profundo
calado político, encaminada a la consolidación democrática del Estado.
La premisa fundamental del nuevo sistema es el estricto
apego al respeto de los derechos humanos que garanticen, con la participación
corresponsable de la sociedad un entorno seguro para la vida y una justicia
expedita e imparcial.
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